Tras el despojo a ejidatarios registrado en la Península de Yucatán de los noventa a la fecha, a la par de la deforestación, se desarrolla la agroindustria y ganadería en Campeche, y el desarrollo inmobiliario-turístico en Quintana Roo, documenta el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).– En 2005 operadores de tierras vinculados con el entonces Gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, arribaron a Holbox y ofrecieron desarrollo a los ejidatarios a través de un fideicomiso. Los ejidatarios lo acordaron con el empresario Fernando Ponce, yucateco que controla la distribución de autos y bebidas de Coca-Cola por medio de la empresa Bepensa en el sureste mexicano.
Un año después, Ponce firmó el fideicomiso y una sociedad mercantil llamada Península Maya Developments. Los compradores de los terrenos eran dos empresas de su propiedad y de su yerno. El precio pagado por cada parcela fue equivalente a un 5 por ciento del valor catastral de esos terrenos con frente de 100 metros a la playa, y el Gobernador González Canto también obtuvo su parte: tres parcelas de 12 hectáreas. La mayoría de los ejidatarios firmó documentos en blanco, con la complacencia del entonces comisario ejidal Eduardo Jiménez Ancona. Aunque algunos ejidatarios entablaron procesos legales y lograron en 2012 un amparo, el magistrado que lo permitió fue removido del cargo.
Después, Roger Octavio Méndez, abogado del empresario Fernando Ponce, fue nombrado notario público y actualmente la asamblea general de ejidatarios de Holbox es controlada por Fernando Ponce. La mayor parte del padrón “ejidal” está formado por inversionistas, funcionarios, notarios y prestanombres. El proyecto original de desarrollo turístico «La Ensenada» ha sido cancelado, pero la tierra no ha sido recuperada por los ejidatarios.
Es solo un ejemplo. En las últimas tres décadas, principalmente en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la Península de Yucatán ha sido blanco de procesos de privatización, mercantilización y despojo de las tierras de propiedad social y pública, promovidos principalmente por el sector empresarial y gubernamental, expone un informe reciente del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) que propone redefinir la política agraria nacional y regional; combatir la corrupción al interior del sector agrario a fin de ponerle un alto total a la “mafia agraria»; y fortalecer los núcleos agrarios para que defiendan su territorio.
Desde las modificaciones a la Ley Agraria en 1992 y hasta mayo de 2019, documenta, en Campeche, Quintana Roo y Yucatán 22 mil 660 parcelas (con 192 mil 600 hectáreas) dejaron de ser de propiedad social y se convirtieron en propiedad privada. Durante el peñismo, 68 mil hectáreas pasaron de régimen ejidal a “dominio pleno”, por lo que ha sido el sexenio en el que más superficie ejidal se convirtió en propiedad privada. Ahora, a la par de la deforestación, se desarrolla la agroindustria y ganadería en Ciudad del Carmen, Escárcega, Palizada, Candelaria, Champotón, Hopelchén, en Campeche (como Kekén, la empresa productora de cerdos más importante de la Península), y el desarrollo inmobiliario-turístico en Quintana Roo. Y, también, proyectos eólicos y solares.
«La noción de mafia agraria sirve para identificar a grupos de poder empresarial nacional, coludidos con funcionarios de gobierno, en particular del sector agrario y con representantes de los ejidos (integrantes del comisariado ejidal), a fin de apoderarse de tierras de gran valor comercial, lo que conlleva un proceso de despojo», expone el documento realizado por los investigadores Gabriela Torres-Mazuera, Sergio Madrid y Raúl Benet. «Los ejidatarios aceptaron las ventas, en la medida en que les dieron acceso a cantidades de dinero que recibieron de forma individualizada. Sin embargo, el control empresarial abusivo, ejercido por la mafia agraria entre 2012 y 2018 comenzó a generar molestia y confrontamientos entre grupos de ejidatarios que pueden convertirse en litigios».
En entrevista, la autora del estudio Gabriela Torres-Mazuera expuso que más de la mitad de la Península de Yucatán es de tierra de uso común, cuya mayoría tiene una cubierta forestal que brinda de servicios ambientales a su población donde desarrollan la apicultura. Sin embargo, la privatización para la expansión de desarrollo agroindustrial, inmobiliario, turístico y de proyectos de energías renovables implica deforestación dependiendo la superficie requerida.
«El proyecto del Tren Maya ha generado un proceso de especulación que involucra a los ejidos. Ya hay procesos de compra-venta de tierras de uso común», planteó la investigadora. «La afectación no es en los derechos de vía, sino los polos de desarrollo alrededor de las estaciones. En el ejido vecino de Bacalar, por ejemplo, la Fonatur está negociando mil hectáreas con los ejidatarios».
El informe del Consejo Civil detectó un aumento «inusual» de cambios de destino de tierra y cambios a dominio pleno en Yucatán y Quintana Roo particularmente entre 2014 y 2015. Es decir, ocurrió en menos de un año de que se celebrara la asamblea ejidal, lo cual es «muy excepcional», ya que el proceso de inscripción en el Registro Agrario Nacional debe pasar por un conjunto de trámites y revisiones del expediente que suelen llevar más de 12 meses.
De acuerdo con abogados de la región, la respuesta a esta anomalía está en quien fuese el titular de la Secretario de Desarrollo Urbano (Sedatu) entre 2012 y 2014: Jorge Carlos Ramírez Marín. El político priista de origen yucateco «se apropió» de grandes extensiones de tierras ejidales en Yucatán y en Quintana Roo con valor para el desarrollo inmobiliario y turístico como Holbox, Tulum, Playa del Carmen, Hopelchén, Valladolid, entre otros. Justamente entre 2012 y 2015, periodo de su gestión, la investigación halló un aumento de actas de asambleas que validan cambios de destino y que incurren en diversas ilegalidades que involucran ejidos con tierras de enorme valor comercial, muchas de las cuales están en litigio en la actualidad.
El CCMSS también recuerda que investigaciones periodísticas han señalado como parte de la «mafia agraria» al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, quien enfrenta procesos penales por delitos relacionados con la apropiación y venta indebida de decenas de predios que formaban parte del patrimonio inmobiliario del estado, y a la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, identificada por acaparar tierras ejidales. También salta a la vista el banquero Roberto Hernández, quien tiene la afición de coleccionar las haciendas que aún quedan de las más de mil que hubo en la Península durante el porfiriato.
«La privatización de las tierras de uso común tiene una fuerte repercusión social y ambiental para la región y para México como país. La mayoría de los habitantes de los núcleos agrarios de la Península son personas jóvenes, mujeres, niños y niñas rurales sin derechos agrarios. Este conjunto de personas ha tenido muy poco que decir o decidir sobre la venta de tierras de los ejidos, las cuales les dejan casi nada en términos de beneficios económicos, pero, en cambio, les afectan sustancialmente en el desarrollo de su vida presente y a futuro», concluye el informe.
ORIGEN: PROGRAMA SALINISTA
Para implementar la reforma al artículo 27 constitucional, en 1993, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se lanzó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) empujado por el exsecretario de la Reforma Agraria, Víctor Cervera Pacheco, priista que había sido secretario de la oficialista Confederación Nacional Campesina (CNC) y Gobernador de Yucatán (1984-1988).
Este programa fue una importante herramienta de reordenamiento territorial regional que proyectó el crecimiento de las ciudades de Mérida, Campeche, Cancún y Playa del Carmen, y permitió la entrada de empresarios interesados en el desarrollo inmobiliario en la ciudad de Mérida y la incorporación de empresarios agroindustriales, dice el informe del Consejo Civil. De igual forma «debilitó» a los órganos colegiados de los ejidos, ya que quitó importancia a las asambleas generales, lo que ha posibilitado la entrada de empresarios a los ejidos que, en muchos casos, han logrado «cooptar» a integrantes del comisariado ejidal.
Los cambios de destino promovidos en Quintana Roo han involucrado ejidos en superficies mayores a las 10 mil hectáreas y corresponden al desarrollo turístico y urbano de la entidad. Entre estos ejidos destacan Isla Mujeres, Playa del Carmen, Jacinto Pat (Tulum), Tulum, Puerto Morelos (Benito Juárez), Chiquilá (Lázaro Cárdenas), Alfredo Bonfil (Benito Juárez) y Othón P. Blanco.
Campeche presenta un patrón similar en cuanto a los parcelamientos realizados en ejidos que se incorporaron al crecimiento urbano de la ciudad como Lerma y dos ejidos en los municipios de Hopelchén y Candelaria para la actividad agroindustrial.
Yucatán revela una tendencia mantenida de cambios de destino en 354 ejidos. Destaca el proyecto de construcción del aeropuerto promovido por el Gobernador Patricio Patrón Laviada (el cual nunca se realizó), quien entre 2000 y 2006 adquirió a nombre del gobierno estatal amplias extensiones de tierras en ejidos cercanos a Mérida como Hunucmá, Ucú y Umán. Durante este periodo se identifican también cambios de destino promovidos por empresarios para distintos proyectos inmobiliarios, turísticos, agroindustriales. Por ejemplo, la construcción del Country Club de Yucatán sobre tierras del ejido de Chablekal y con inversiones de políticos yucatecos con gran poder, como Emilio Gamboa Patrón, asegura el documento del CCMSS.
